Retenciones masivas y cambios en impuestos, el plan posdevaluación
El Gobierno trabaja en un esquema de derechos de exportación para el campo, y también para la industria y la minería. Analiza cambios en turismo y un posible nuevo blanqueo.
Fue una jornada de reunión entre los principales funcionarios de la mesa chica económica en Olivos para definir las medidas que prevén anunciar el lunes, a la caza de un shock de confianza antes de que Dujovne se reuna con Christine Lagarde para tener la bendición del FMI. En medio de la crisis de confiaza, Mauricio Macri recibió al titular de Hacienda, Nicolás Dujovne; al ministro del Interior, Rogelio Frigerio; al de Trabajo, Jorge Triaca y a sus colaboradores de la jefatura de Gabinete, además del asesor Jaime Duran Barba, para delinear un plan en el fin de semana.
El margen de maniobra del Gobierno está restringido por el acuerdo con el Fondo Monetario, que sin embargo ya le abrió el camino para alguna de las medidas que se estudian, como aplicar retenciones a las exportaciones. La devaluación del 40% del dólar en agosto y del 100% nominal en el año mejoró sustancialmente la situación de los sectores más competitivos, como los exportadores de commodities. Y ahora también alcanza a economías regionales y algunos sectores industriales, por lo que en el Ejecutivo evalúan que las retenciones no sean sólo para el campo sino volver al esquema que Cambiemos eliminó en diciembre de 2015.
Para el 2019 se estima que las exportaciones de bienes y servicios podrían llegar a los U$S 100 mil millones, según detalló el director ejecutivo de la Unión Industrial Argentina, Diego Coatz, esta semana. El dólar finalmente cerró ayer en $ 37,90 según el promedio del Banco Central. Para el sector industrial, ese nivel podría generar la apertura de algunos mercados de exportación extra si la inflación no vuelve a limar la diferencia.
El sector fabril pagaba retenciones del 5% durante el kirchnerismo y en las medidas que se barajan, volvería a estar incluida. El ex presidente del Banco Nación, Carlos Melconian, señaló que habría que imponer retenciones ‘temporales’. Otros economistas como Juan José Llach, del IAE Business School, consideraron que hay que gravar de forma extraordinaria, vía ganancias o ingresos, a los sectores a los que la devaluación les genera un ingreso extraordinario. Para el dirigente de CTEP, Juan Grabois, “el déficit fiscal se achica subiendo la recaudación”. Vía twitter esta semana le reclamó a Macri que suba retenciones. “Ponga al Pueblo antes que a su clase. Sojeros y mineros pueden pagar. Los laburantes no”, escribió.
El FMI también avaló que el Gobierno pausara la baja de las retenciones. Ortodoxos y heterodoxos coinciden en que sería una medida que oxigenaría la necesidad de ingresos del Gobierno, que se prepara para achicar todavía más el déficit fiscal, por debajo del 1,3%. Quedan 0,2 puntos para aplicar al gasto social, una cláusula que se incluyó en el acuerdo original por si la situación empeoraba. En su comunicado del jueves la propia Christina Lagarde, directora del FMI, reconoció que el cuadro argentino resultó peor a lo previsto consignó Perfil.
Uno de los focos del recorte será el aparato estatal: empresas y empleados públicos. Según un informe de la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (Asap), en los primeros siete meses del año las empresas públicas no vinculadas al transporte ni a la energía demandaron transferencias para sus gastos de funcionamiento por $4.045 millones, unos $1.144 millones más que en igual período de 2017. Una suba del 39,4% interanual. En ese marco se contabilizaron más mayores asignaciones para Telam SE ($483 millones, un 132,2%), el Correo Argentino ($260 millones, un 31,2% de aumento) y a ACUMAR ($227 millones, un 129,2% más interanual). El Gobierno ya empezó el achique de organismos como Télam, la agencia oficial de noticias, donde avanzaron con 357 despidos y sus trabajadores mantiene 68 días de medidas en reclamo por la reincorporación.
Ayer también hubo casi 600 despidos en el Ministerio de Agricultura mientras que uno de los gremios de estatales, Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), conducido por Andrés Rodríguez, advirtió que se prevé que hay 10 mil puestos de trabajo en riesgo. El Gobierno busca avanzar en la disolución de las leyes convenio con entes cooperadores que, según le transmitieron al gremio desde el ministerio de Justicia y Derechos Humanos, es “una firme intención del Ministerio de Hacienda”.
Al devenir de las empresas estatales y los ministerios se suma la baja de subsidios al transporte y servicios públicos. En los primeros siete meses del año, las transferencias al sector de transporte crecieron 17,1% mientras que para las empresas de servicios públicos (luz, agua, gas), los subsidios crecieron un 18% en conjunto contra los mismos sietes meses del año anterior.
Impuestos. Las ideas en danza volvieron a incluir un gravamen a los viajes al exterior, algo que generó preocupación por ejemplo en Uruguay. Con el salto del dólar, el efecto desaliento se generó por si mismo. La medida solo apuntaría a recaudar.
El brainstorming volvió a poner un revival del blanqueo sobre la mesa, aunque algunos recomendaron ni hablar del tema en el contexto de la investigación por los cuadernos y donde los involucrados en casos de corrupción podrían perder el beneficio de la amnistía.
“Cláusula social” por $ 40 mil millones
Los 0,2 puntos de PBI que contempla el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para mantener la situación social representa unos $ 40 mil millones, lo que equivale al 25% de lo que se estableció en el presupuesto de este año para el pago de asignaciones familiares y la asignación universal por hijo, antes de que la inflación superara lo previsto en la ley de leyes. De esta forma, si bien la cifra es voluminosa, el impacto es bajo.
Ayer María Eugenia Vidal, la gobernadora de la provincia de Buenos Aires que vaticinó que vendrán meses difíciles, se anticipó y señaló que ampliará el presupuesto en $ 1.000 millones para atender la situación social.
En los primeros siete meses del año las transferencias a la seguridad social aumentaron en un 27%. Dentro de este total, la ejecución de los ingresos tributarios y de la seguridad social alcanzó el 61,2% del cálculo presupuestario anual, de acuerdo con los datos de ASAP.
La decisión de usar esa “salvaguarda social” que el Gobierno señaló como inédita en el convenio con el FMI buscaría atemperar el costo del ajuste sobre los sectores más vulnerables.